En los conjuntos residenciales y edificios sometidos a propiedad horizontal, la asamblea de copropietarios y su administración concentran un poder considerable sobre el uso de las zonas comunes y sobre las sanciones a los residentes. La Corte Constitucional, en la sentencia T-182 de 2026, le puso límites claros a ese poder, en un caso que conmovió a la opinión pública en Bucaramanga y que fija un precedente relevante para cualquier copropiedad del país.

El caso resolvió la tutela de una pareja de adultos mayores que, por más de 40 años, vivió en el quinto piso de un edificio sin ascensor. Ante la imposibilidad de subir y bajar con frecuencia, habían adaptado la terraza común del edificio como un apoyo propio: allí recibían, con un canasto atado a una cuerda, los alimentos y medicamentos que les llevaban a domicilio, y la usaban también para caminar y tomar el sol. El 29 de julio de 2025, la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a esa terraza y, además, impuso una multa a la accionante por no asistir a la reunión, pese a que había informado previamente que no podía hacerlo porque cuidaba sola a su esposo.

La tutela fue negada en primera y en segunda instancia. La Corte Constitucional, al revisar el expediente (T-11.709.622), revocó esas decisiones y concedió el amparo.

El problema jurídico

La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, debía resolver si la junta de copropietarios vulneró los derechos a la vida digna, el mínimo vital, la salud, el cuidado y la igualdad de la pareja al restringir el uso de la terraza sin considerar sus condiciones particulares, y si además vulneró el debido proceso al imponer la multa sin valorar la excusa presentada.

Qué dijo la Corte Constitucional

La Corte concluyó que la accesibilidad en los edificios sometidos a propiedad horizontal no depende de la buena voluntad de la mayoría de los propietarios. Según el texto oficial de la sentencia, publicado en la página de la Corte Constitucional:

«la accesibilidad no constituye una concesión generosa de la mayoría de propietarios, sino una exigencia constitucional».

La Sala explicó que el uso del canasto y de la terraza operaba como un apoyo autogestionado frente a un entorno físico no accesible (un edificio sin ascensor), y que la copropiedad no podía eliminarlo de forma absoluta sin ofrecer alternativas equivalentes, sin escuchar efectivamente a los afectados y sin demostrar que había agotado medidas menos lesivas. La Corte también señaló que una medida en apariencia neutral —como cerrar una zona común a todos los residentes por igual— puede terminar siendo discriminatoria cuando traslada, de forma desproporcionada, las consecuencias de un entorno inaccesible a las personas mayores o con discapacidad.

Sobre la multa, la Corte encontró vulnerado el debido proceso: la sanción se impuso sin valorar la excusa de inasistencia presentada por la accionante y en un edificio que, por haberse construido antes de la Ley 675 de 2001, ni siquiera contaba con un reglamento de propiedad horizontal ajustado a esa ley.

La decisión

La Corte revocó los fallos de instancia y concedió el amparo. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos el cierre de la terraza y restablecer el acceso al canasto o a un mecanismo equivalente; adelantar, con participación efectiva de los accionantes, un proceso de ajustes razonables; y expedir un reglamento de propiedad horizontal ajustado a la Ley 675 de 2001, que el edificio no tenía. También vinculó a la administración municipal: le ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga activar su oferta institucional y elaborar un diagnóstico sobre personas mayores en edificios sin ascensor, y exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social a incluir la accesibilidad del parque habitacional existente en la política pública de envejecimiento y vejez.

El respaldo normativo: qué dice la Ley 675 de 2001

La sentencia se apoya en un régimen legal que ya establecía límites a la actuación de la asamblea y de la administración, pero que en la práctica muchas copropiedades desconocen o aplican mal:

La Corte Constitucional ya había condicionado parte de este régimen en la sentencia C-318 de 2002, exigiendo que se garantice el derecho de defensa también a los residentes no propietarios frente a sanciones.

Qué significa esto para su copropiedad

La sentencia T-182 de 2026 es, ante todo, un caso de accesibilidad y protección a personas mayores, pero sus implicaciones prácticas son mucho más amplias para cualquier junta de copropietarios, administrador o propietario en Colombia:

En Iniciativa Legal acompañamos tanto a copropiedades como a propietarios y residentes en la revisión y actualización de reglamentos de propiedad horizontal, en procesos sancionatorios internos y en acciones de tutela o procesos ante la jurisdicción ordinaria cuando estos límites no se respetan. Si su copropiedad enfrenta una situación similar, o si usted considera que una decisión de la asamblea o del administrador vulneró sus derechos, puede contactarnos para evaluar su caso.

Fuentes

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