En los conjuntos residenciales y edificios sometidos a propiedad horizontal, la asamblea de copropietarios y su administración concentran un poder considerable sobre el uso de las zonas comunes y sobre las sanciones a los residentes. La Corte Constitucional, en la sentencia T-182 de 2026, le puso límites claros a ese poder, en un caso que conmovió a la opinión pública en Bucaramanga y que fija un precedente relevante para cualquier copropiedad del país.
El caso resolvió la tutela de una pareja de adultos mayores que, por más de 40 años, vivió en el quinto piso de un edificio sin ascensor. Ante la imposibilidad de subir y bajar con frecuencia, habían adaptado la terraza común del edificio como un apoyo propio: allí recibían, con un canasto atado a una cuerda, los alimentos y medicamentos que les llevaban a domicilio, y la usaban también para caminar y tomar el sol. El 29 de julio de 2025, la asamblea de copropietarios decidió cerrar con candado el acceso a esa terraza y, además, impuso una multa a la accionante por no asistir a la reunión, pese a que había informado previamente que no podía hacerlo porque cuidaba sola a su esposo.
La tutela fue negada en primera y en segunda instancia. La Corte Constitucional, al revisar el expediente (T-11.709.622), revocó esas decisiones y concedió el amparo.
El problema jurídico
La Sala Primera de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, debía resolver si la junta de copropietarios vulneró los derechos a la vida digna, el mínimo vital, la salud, el cuidado y la igualdad de la pareja al restringir el uso de la terraza sin considerar sus condiciones particulares, y si además vulneró el debido proceso al imponer la multa sin valorar la excusa presentada.
Qué dijo la Corte Constitucional
La Corte concluyó que la accesibilidad en los edificios sometidos a propiedad horizontal no depende de la buena voluntad de la mayoría de los propietarios. Según el texto oficial de la sentencia, publicado en la página de la Corte Constitucional:
«la accesibilidad no constituye una concesión generosa de la mayoría de propietarios, sino una exigencia constitucional».
La Sala explicó que el uso del canasto y de la terraza operaba como un apoyo autogestionado frente a un entorno físico no accesible (un edificio sin ascensor), y que la copropiedad no podía eliminarlo de forma absoluta sin ofrecer alternativas equivalentes, sin escuchar efectivamente a los afectados y sin demostrar que había agotado medidas menos lesivas. La Corte también señaló que una medida en apariencia neutral —como cerrar una zona común a todos los residentes por igual— puede terminar siendo discriminatoria cuando traslada, de forma desproporcionada, las consecuencias de un entorno inaccesible a las personas mayores o con discapacidad.
Sobre la multa, la Corte encontró vulnerado el debido proceso: la sanción se impuso sin valorar la excusa de inasistencia presentada por la accionante y en un edificio que, por haberse construido antes de la Ley 675 de 2001, ni siquiera contaba con un reglamento de propiedad horizontal ajustado a esa ley.
La decisión
La Corte revocó los fallos de instancia y concedió el amparo. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos el cierre de la terraza y restablecer el acceso al canasto o a un mecanismo equivalente; adelantar, con participación efectiva de los accionantes, un proceso de ajustes razonables; y expedir un reglamento de propiedad horizontal ajustado a la Ley 675 de 2001, que el edificio no tenía. También vinculó a la administración municipal: le ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga activar su oferta institucional y elaborar un diagnóstico sobre personas mayores en edificios sin ascensor, y exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social a incluir la accesibilidad del parque habitacional existente en la política pública de envejecimiento y vejez.
El respaldo normativo: qué dice la Ley 675 de 2001
La sentencia se apoya en un régimen legal que ya establecía límites a la actuación de la asamblea y de la administración, pero que en la práctica muchas copropiedades desconocen o aplican mal:
- El artículo 2, numeral 5, de la Ley 675 de 2001 consagra el principio de debido proceso: toda sanción impuesta por la asamblea o el consejo de administración por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias debe consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación.
- El artículo 38, numeral 9, atribuye a la asamblea general la función de decidir sobre la procedencia de sanciones, pero exige que esa decisión se tome «con observancia del debido proceso y del derecho de defensa» previstos en el reglamento.
- El artículo 51, numerales 11 y 12, obliga al administrador a notificar las sanciones por los medios que señale el reglamento y a no hacerlas exigibles sino hasta que estén en firme (ejecutoriadas).
- En cuanto a los bienes comunes, los artículos 19, 20 y 22 establecen que son indivisibles e inembargables mientras conserven ese carácter, que solo pueden «desafectarse» (dejar de ser comunes) por decisión de la asamblea con el 70% de los coeficientes y autorización municipal, y que los bienes comunes no esenciales para el disfrute de las unidades privadas —como terrazas o patios— sí pueden asignarse en uso exclusivo a los propietarios cercanos.
- El artículo 46, numeral 1, exige una mayoría calificada del 70% para cualquier cambio en la destinación de un bien común, o para decisiones que impliquen una disminución sensible en su uso y goce.
La Corte Constitucional ya había condicionado parte de este régimen en la sentencia C-318 de 2002, exigiendo que se garantice el derecho de defensa también a los residentes no propietarios frente a sanciones.
Qué significa esto para su copropiedad
La sentencia T-182 de 2026 es, ante todo, un caso de accesibilidad y protección a personas mayores, pero sus implicaciones prácticas son mucho más amplias para cualquier junta de copropietarios, administrador o propietario en Colombia:
- Ninguna sanción —incluidas las multas por inasistencia a la asamblea— es válida si no se le dio al sancionado la oportunidad real de presentar excusas o defenderse antes de imponerla.
- Restringir el acceso a zonas comunes, incluso por motivos de seguridad o mantenimiento legítimos, exige evaluar el impacto diferenciado sobre personas mayores, con discapacidad o en condición de vulnerabilidad, y ofrecer alternativas razonables antes de una restricción absoluta.
- Un edificio construido antes de la Ley 675 de 2001 no queda exento de cumplirla: si no tiene reglamento de propiedad horizontal ajustado a la ley, esa omisión puede jugar en contra de la copropiedad en un litigio.
- Decisiones sobre bienes comunes —cerrarlos, cambiarles su destinación o asignarlos en uso exclusivo— tienen reglas específicas de mayoría y procedimiento que no pueden saltarse así cuenten con el respaldo de la mayoría de la asamblea.
En Iniciativa Legal acompañamos tanto a copropiedades como a propietarios y residentes en la revisión y actualización de reglamentos de propiedad horizontal, en procesos sancionatorios internos y en acciones de tutela o procesos ante la jurisdicción ordinaria cuando estos límites no se respetan. Si su copropiedad enfrenta una situación similar, o si usted considera que una decisión de la asamblea o del administrador vulneró sus derechos, puede contactarnos para evaluar su caso.
Fuentes
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-182 de 2026, M.P. Natalia Ángel Cabo, 18 de junio de 2026.
- Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
- Defensoría del Pueblo, «Corte protege a personas mayores: ajustes razonables y accesibilidad».
- El Espectador, «Bucaramanga: ordenaron reabrir terraza por donde pareja de adultos recibe comida y medicinas en canasto».