La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, condenó a una EPS y a una IPS por responsabilidad médica tras más de una década de litigio, y reconoció un rubro que no siempre se reclama con éxito en estos procesos: el lucro cesante de la madre que debió dejar de trabajar para dedicarse por completo al cuidado de su hija, afectada por una falla médica. Así lo resolvió la sentencia SC072-2025, del 27 de marzo de 2025, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque.
Los hechos: un paro cardiorrespiratorio durante el tratamiento de una neumonía
El proceso (radicado 66001-31-03-004-2013-00141-01) lo promovieron Valentina y Valeria Morales Zuluaga, Luz Marina Zuluaga Orozco y Orfa Lucina Orozco Prado contra Cafesalud E.P.S. (hoy liquidada) y Pediatras Asociados Ltda., con llamamiento en garantía a La Previsora Compañía de Seguros S.A. Según los hechos probados, la niña Valentina fue atendida por fiebre y malestar, y diagnosticada con neumonía complicada con derrame pleural. Durante un procedimiento sufrió un paro cardiorrespiratorio y quedó con encefalopatía hipóxica isquémica secundaria a reanimación: cuadriplejía, alteraciones del lenguaje y la visión, y convulsiones. Las valoraciones posteriores de neuropediatría y neuropsicología determinaron afectaciones motoras, déficit de atención e impulsividad, y un dictamen médico de 2008 fijó su pérdida de capacidad laboral en 70,40 %.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira había negado las pretensiones el 15 de febrero de 2016. La Corte, tras casar esa decisión en la sentencia SC2348-2021 y ordenar una prueba adicional, profirió ahora la sentencia sustitutiva que reseñamos.
La decisión: responsabilidad solidaria entre la EPS y la IPS
La Corte revocó en su integridad el fallo de primera instancia y resolvió textualmente:
“Segundo. Declarar que son civil y solidariamente responsables Cafesalud E.P.S. -hoy liquidada- y Pediatras Asociados Ltda., por los perjuicios ocasionados a las demandantes, con ocasión de los hechos que dieron lugar a este proceso.”
La Sala recordó que la EPS ocupa una posición de garante frente a sus afiliados: “las entidades promotoras asumen ‘como suyos’ y están civilmente llamadas a indemnizar los daños que sufren sus afiliados siempre y cuando éstos puedan correlacionarse con la conducta omisiva o negligente del personal médico, asistencial o administrativo de la organización.”
Los elementos de la responsabilidad médica, según la Corte
La sentencia reitera que la responsabilidad médica exige la concurrencia de cuatro elementos: “(I) comportamiento antijurídico; (II) factor de atribución -subjetivo u objetivo-; (III) daño; y (IV) nexo causal entre el comportamiento y el daño.” El estándar sigue siendo el de la culpa probada: el paciente debe demostrar que el personal médico actuó con “impericia, imprudencia, negligencia o dolo”, pues “como la ciencia médica ni quienes la ejercen son infalibles (…) sólo los yerros derivados de la imprudencia, impericia, ligereza o del descuido de los galenos darán lugar a imponerles la obligación de reparar los daños.”
Los montos de la condena
La Corte ordenó pagar, entre otras partidas:
- A Valentina Morales Zuluaga: lucro cesante pasado por $45.563.001, lucro cesante futuro por $70.727.476, daño moral de 70 s.m.l.m.v. y daño a la vida de relación de 100 s.m.l.m.v.
- A Luz Marina Zuluaga Orozco (madre): lucro cesante pasado por $406.907.895, daño moral de 50 s.m.l.m.v. y daño a la vida de relación de 50 s.m.l.m.v.
- A Valeria Morales Zuluaga (hermana): daño moral de 25 s.m.l.m.v., además de otras partidas reconocidas a su favor y a favor de la abuela de la menor.
La sentencia también ordenó garantizar a Valentina, sin cuotas moderadoras, las terapias, medicamentos y atención que requiera mientras la ciencia médica lo aconseje, como parte del daño a la salud reconocido.
El lucro cesante de la madre cuidadora
El aspecto más comentado de la sentencia es el reconocimiento del lucro cesante de la madre. La Corte explicó que “también se encuentra probado el lucro cesante de Luz Marina Zuluaga Orozco, madre de Valentina Morales, por la imposibilidad de realizar labores redituables ante la imperatividad de atender a su hija.” La Sala precisó que el hecho de que el cuidado de un hijo sea, en principio, un deber parental, no impide reconocer el perjuicio económico que sufre quien debe abandonar su actividad productiva para asumir, de forma permanente, la atención de una hija con una discapacidad causada por la negligencia de terceros.
Qué significa esto para pacientes, EPS e IPS en Colombia
- La responsabilidad por una falla en la atención médica puede recaer de forma solidaria tanto en la IPS que presta el servicio como en la EPS que lo garantiza, sin que esta última pueda ampararse en que la atención la prestó un tercero contratado.
- El lucro cesante de un familiar que debe dejar de trabajar para cuidar a la víctima es un perjuicio autónomo, que debe probarse y puede reclamarse de forma independiente al de la propia víctima.
- El daño a la salud puede traducirse en una condena a garantizar, hacia el futuro, el tratamiento, los medicamentos y las terapias que la víctima necesite, sin cuotas moderadoras, mientras subsista la necesidad médica.
Fuentes
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Sentencia SC072-2025, radicado 66001-31-03-004-2013-00141-01, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, 27 de marzo de 2025. Reseña oficial en el Boletín de Jurisprudencia de la Sala Civil, trimestre 1 de 2025 (cortesuprema.gov.co).